La inoperancia al servicio de la tortura

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Ante lo ocurrido en estas semanas en relación a la interrupción legal del embarazo por violación solicitada por una niña y su mamá en la provincia de Tucumán, repudiamos la dilación y demoras sistemáticas impuestas por las distintas instancias gubernamentales que tuvieron como único resultado impedir el acceso a la interrupción legal del embarazo que se había solicitado en forma oportuna y con toda claridad.

La intervención innecesaria de instancias judiciales fue la profundización de la violencia institucional que se ejerció sobre esta niña. La desatención de las autoridades sanitarias, repetidas a lo largo de todas estas semanas, es una violación flagrante de los derechos humanos, sometiendo a una niña a tortura.

Nuestra legislación otorga a niñas, mujeres y personas gestantes el derecho al aborto y la Corte Suprema de Justicia enfatizó en el caso FAL (2012) que sólo la declaración jurada y la intervención del sistema de salud es necesario para garantizar el acceso al derecho.

La niña llegó al sistema de salud hace 4 semanas solicitando la interrupción legal del embarazo. Se la dejó internada., pero no para garantizar su derecho y respetar su voluntad en un contexto de protección integral y confidencialidad, sino para someterla a un sistema de vulneración constante de sus derechos. Tanto la madre como organizaciones profesionales y de la sociedad civil han exigido durante todo ese tiempo que se garantice la Interrupción Legal del Embarazo por causal violación, por la afectación de su salud y aún el peligro para su vida, acorde al marco legal vigente.

A pesar de ello, el Secretario de Salud de la provincia, Gustavo Vigliocco, declaró ante la prensa: “Yo estoy encima de este caso de manera personal. Tengo una cercanía con la niña y su madre. La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos”. Peor aún, sostuvo que “yo no puedo tomar ninguna decisión. Soy secretario médico. No me toca a mí decidir. Hay un error en lo que se está publicando porque el caso está en la justicia”. Un funcionario público que ignora el marco legal vigente y sus responsabilidades.

El martes 26 de febrero, el gobierno tucumano publicó un comunicado en el cual indicó que se “continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”. En este caso, no “se salvaron dos vidas”. Se sometió a una niña a seguir adelante con un embarazo producto de una violación, poniendo en riesgo su salud, sometiéndola a tortura y obviando los principios y estándares básicos de la bioética y del marco internacional de los derechos humanos.

La irresponsable demora, que no fue saldada por ninguna otra instancia, llevó a una situación cada vez más entrampada que redujo las alternativas terapéuticas a la vez que agravó las condiciones físicas y emocionales de la niña. En estas condiciones, sin el acceso a la tecnología adecuada ni el apoyo y legitimación de las autoridades, el equipo de salud se vio en la necesidad de prestar un servicio que dista mucho de los estándares deseables.

Todo lo que está mal se reunió en la vida de esta niña. Una situación de vulnerabilidad estructural, el abuso sexual, su historia de vida, las condiciones de su salud comentadas por funcionarios públicos convalidando la violación del secreto profesional, que fue amplificada por los medios de comunicación. Y finalmente, con semanas de dilación, un sistema de salud que no garantiza la práctica solicitada con toda claridad y amparo del marco legal.

Instamos a que se sancione la divulgación de información confidencial que revictimiza a la niña y a su familia; que se persigan las responsabilidades institucionales de todos los niveles; que se proteja al equipo de salud del hostigamiento personal y familiar del que son objeto; y que en forma inmediata se ponga a disposición de los equipos de salud comprometidos con la protección y garantía de los derechos la tecnología adecuada, de acuerdo a los avances del conocimiento científico, sin condicionar el bienestar de las niñas, mujeres y personas gestantes, ni las prácticas adecuadas y oportunas de los equipos de salud.

• Redaas - Red de Acceso al Aborto Seguro Argentina
• ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
• CEDES - Centro de Estudios de Estado y Sociedad